ROSA MENESES
MADRID.- El embajador de Irán en España, Seyed Davoud M. Salehi, defendió la aplicación de la pena de muerte y los cortes de manos para los delincuentes, durante una rueda de prensa ofrecida el jueves en la sede de la embajada. En 2007, Irán fue el segundo país, tras China, en número de ejecuciones.
La más alta instancia de la Justicia de Irán decidió, la semana pasada, limitar las ejecuciones públicas, pero eso no significa que la pena de muerte haya dejado de aplicarse.
Con ello intenta evitar que las imágenes de ahorcamientos y lapidaciones en plazas públicas se difundan y se instrumentalicen en contra del régimen. La medida no mejorará, sin embargo, el respeto a los Derechos Humanos en el país asiático.
Y para corroborarlo, las declaraciones del embajador de Irán en España, Seyed Davoud M. Salehi, quien justificó ante un reducido grupo de periodistas la aplicación de la pena de muerte y los cortes de manos para los delincuentes.
"Nuestras leyes establecen que se ampute la mano del que roba. Esto no es aceptado por Occidente, pero en el campo de los Derechos Humanos hay que tener en cuenta las costumbres, las tradiciones, la religión y el desarrollo económico del país. Es necesario aceptar unas leyes para preservar la salud de la sociedad, si no, ésta se encontraría en peligro", dijo Salehi al tiempo que comparó la cercenación de miembros para hacer Justicia con la "decisión de un médico de amputar una extremidad para detener un proceso de gangrena".
Irán se convirtió en el segundo país con más ejecuciones a muerte, después de China, en 2007. Según informes de Amnistía Internacional, el número de aplicaciones de la pena capital excedió los 300, lo que significa un aumento de más del 70% con respecto a 2006. En lo que va de 2008 se han sucedido una veintena de ejecuciones y se ha amputado las manos o los pies a, al menos, a cinco delincuentes.
Las declaraciones del embajador vinieron a colación de una exigencia de la organización Human Rights Watch (HRW), que ha pedido al máximo responsable de la Justicia iraní, el ayatolá Mahmud Hashemi Shahrudi -el mismo que ha prohibido las ejecuciones en lugares públicos- que revoque la sentencia de muerte por lapidación contra tres personas -dos hermanas, de 27 y 28 años, y un hombre de 49- condenadas por adulterio. "El Gobierno iraní tiene la intención de ejecutar a tres de sus ciudadanos de una manera horrorosa y brutal, por lo que los jueces deben actuar para poner fin a ese castigo inhumano de una vez por todas", sostuvo el director adjunto de HRW, Joe Stork, en un comunicado citado por la agencia Efe.
El embajador criticó las acusaciones realizadas contra su país por su poco apego a los Derechos Humanos y afirmó que "la arrogancia de Occidente" utiliza este discurso para dañar la imagen de Irán. "¿No creen que [Occidente] está aprovechando el instrumento de los Derechos Humanos en contra de los pueblos?", espetó a los periodistas.
El miércoles se conoció la condena a muerte de un joven de 22 años por consumo reiterado de alcohol. La condena le sobrevino tras haber sido arrestado por cuarta vez en estado ebrio. Además, la República Islámica mantiene en la cárcel a Emadoldin Baghi, prominente activista contra la pena de muerte, detenido desde octubre de 2007.
